La ley, entre obedecer o desafiar

El caso de María Amparo Casar y sus hijos debería sentar un precedente para que jamás, por la salud de la República, se repita un fusilamiento mediático de esa magnitud, paradójicamente por quienes deben ser los primeros en predicar con el ejemplo la observancia irrestricta de la ley.

La imputación que han hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador y el director de Pemex, Octavio Romero, sobre la probable comisión de delitos o ilícitos a la analista María Amparo Casar, ha generado un vigoroso intercambio de posiciones en un clima de polarización que reclama un análisis al margen de actos de fe que contaminan la discusión que debería privilegiar argumentos racionales y ajustados a derecho para ilustrar el significado de estos hechos. Veamos.

Primero. Debe quedar claro que el gobierno federal, en este caso una empresa productiva del Estado como Pemex, tiene la obligación legal de actuar frente a hechos que pudieran constituir delitos o ilícitos ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) que afecten su patrimonio, que es colectivo. Ni duda cabe: ¿pero era la conferencia matutina presidencial del 3 de mayo último el lugar para litigar sus acusaciones? Por supuesto que no.